Escribe:
Raúl Herrera Soria
El
revuelo levantado en torno al fortalecimiento de la Contraloría General de la
República por parte del Legislativo, en su momento trajo entre líneas que los
“otorongos” desde el Congreso pretendían crear un blindaje a sus cómodas y muy
ventajosas posiciones en torno a la succión económica que le hacen a la
economía del Estado. Aclares y explicaciones a un lado, lo que considero importante
en todo esto es a las mayores facultades que este organismo debe ejercer para
un mejor control de la cosa pública hasta los niveles más pequeños de gobierno.
Las
municipalidades han gozado siempre de una tibia presencia del control estatal
en sus asuntos, de allí que muchas de ellas desbordan de corrupción y
situaciones tan caóticas que terminan en sonados escándalos. Y dónde está el
órgano de control institucional, conocido por sus siglas OCI.
Se
comenta, y en esto espero que las cosas vayan más allá del comentario, que
hasta antes de fin de año la Contraloría ya no solamente designará al jefe de
la OCI sino que también designará al personal que efectúe trabajos de auditoría
y servicios de control a las municipalidades, especialmente las provinciales,
que de por sí representará, y será en la práctica “una piedra en el zapato”.
Las
municipalidades hasta hoy, consideran como si fueran parte de su gestión a los jefes
de las OCI, es decir mucha, diría demasiada familiaridad y complacencia ante
eventuales hechos irregulares o de corrupción, lo que en cambio no sucedería
con la Contraloría en el uso de sus nuevas normas de fortalecimiento.
Las
municipalidades provinciales en el país necesitan no solamente mejorar en sus
mensajes públicos que se transmiten a sus vecinos, sino que el contribuyente
debe saber que efectivamente hay mayor cuidado y medidas de control más
severas, más ceñidas, más estrictas de sus manejos administrativo, económico y
financiero. Los gobiernos locales deben ser– al igual que los gobiernos
locales- centros de la atención por parte de la Contraloría a través de
unidades de acción seria para auditorías y servicios de control con mecanismos
científicos con la participación de profesionales multidiscplinarios.
Con
una Contraloría activada de esta manera, se podría frenar en algo – aunque con
seguridad que no en todo- la putrefacta corrupción extendida a todo nivel en
los organismos del Estado. El escándalo es lo de menos, lo que importa es la
honestidad y la honradez.
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